El ‘caso Villarejo’, en peligro por la revelación de secretos

Los investigadores del ‘caso Tándem’ cuyo principal investigado es el excomisario de Policía encarcelado José Manuel Villarejo están alertados por las “graves” filtraciones de todas las pesquisas secretas, que están llevando a invalidar gran parte de las líneas de investigación.

La última ha sido la publicación de un nuevo descubrimiento policial: a raíz de la escucha de las grabaciones que se intervinieron en el domicilio de Villarejo, los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía descubrieron unos audios en los que se reconocería que éste habría participado en el robo de documentación comprometida al extesorero del PP Luis Bárcenas cuando éste ya había abierto una guerra con el partido tras su imputación en el ‘caso Gürtel’.









La Policía había hallado indicios de que esa operación se pudo haber ordenado desde Ministerio del Interior y se habría utilizado para ello dinero de los fondos reservados, tal y como publica Ok Diario. Tras analizar diversa documentación, los agentes encargados del asunto realizaron un oficio y lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Después, ambos decidieron ponerlo en conocimiento del juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Diego de Egea, para que formase una pieza separada.

Fuentes de la investigación alertan del riesgo que supone el conocimiento público de esta información en un asunto que está secreto, que era embrionario, y que todavía estaba pendiente por decidir futuros pasos.


Tónica habitual

El problema que perciben estas fuentes es que no es la primera vez que ocurre y de hecho parece que se ha convertido en la tónica habitual en el procedimiento, lo que puede ponerlo en grave peligro. Lo mismo ocurrió con la pieza secreta abierta conocida como Pit, en la que se investiga si Villarejo pudo cobrar por conseguir paralizar el proceso de extradición tramitado por la Audiencia Nacional contra el empresario Ángel Pérez-Maura.

En ese asunto aparecieron apuntes de un fiscal que podría haber colaborado con el excomisario. Se llegó a decir que se trataba de la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, aunque fuentes de la investigación ya desmintieron que se la estuviera investigando. Es más, se revisó esa posibilidad y se comprobó que ésta no había participado en aquel expediente de extradición.









Lo cierto es que en plena investigación declarada secreta y antes de que se decidiera si seguir adelante con el asunto y respecto de quiénes, se hizo público la existencia de esta vía de investigación. Aquello, según estas mismas fuentes, perjudicó gravemente el asunto.


Discreción rota

Otra de las filtraciones que hizo daño a la investigación, según estas fuentes, es el conocimiento de la existencia de una reunión entre De Egea -que ahora aspira a conseguir la plaza de presidente de la Audiencia Provincial de Madrid-, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) para lograr la desencriptación de parte del material incautado a Villarejo hace un año, cuando fue detenido y encarcelado. En aquel encuentro se solicitó máxima discreción para que el Instituto pudiera trabajar con cierta serenidad pero, sin embargo, también se hizo pública aquella reunión.

A todo esto se añade la perturbación que a su vez genera la publicación de ciertos audios, como los de Corinna Larsen, los de la ministra Delgado o los de la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que estaban en manos de Villarejo o su entorno.

La diferencia de los audios publicados con el conocimiento de la existencia de piezas secretas judicializadas, es que algunas de las grabaciones hechas públicas no eran del conocimiento de los investigadores o habían sido descartadas al no suponer su contenido ningún ilícito penal.










Un procedimiento torpedeado

El problema de las filtraciones ha sido una constante desde el inicio de la causa. En gran peligro en esta causa es que parte de los investigados tienen muchos tentáculos en el mundo de la judicatura o la Policía lo que podría facilitarles ser alertados de que estaban siendo investigados. Por esa misma razón, en la fase inicial de la investigación, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Unidad de Asuntos Internos, se movieron con mucha cautela para que ni Villarejo, ni el excomisario de Barajas, Carlos Salamanca, fueran avisados de que iban a ser detenidos.

La detención de Villarejo en noviembre del pasado año permitió la incautación del material grabado por el excomisario tras varios registros. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que estaba de guardia cuando se llevó a cabo la operación, ordenó su ingreso en prisión incondicional. No ocurrió lo mismo con el arresto en julio de Enrique García Castaño: cuando los agentes llegaron a su domicilio no había ninguna documentación de interés.

Tal y como publicó La Vanguardia, dos meses antes de su detención, García Castaño acudió a ver al juez que asumió la investigación, Diego de Egea, a su despacho y se puso a su disposición por haber sido alertado por unos “periodistas” de que iba a ser detenido. El juez negó que él fuera a detenerle pero le instó a acudir a la Fiscalía Anticorrupción, como así hizo. Con los fiscales hizo el mismo procedimiento pero éstos le dijeron que la causa estaba bajo secreto y no podía ser informado de ningún aspecto. García Castaño dejó relatado en un acta ante notario, y aportada a la causa, aquellas conversaciones, que además han sido ratificadas por fuentes jurídicas.










Archivos consecutivos

Casi dos meses después de aquel encuentro, efectivamente la Fiscalía Anticorrupción procedió a su detención, en contra del criterio del juez instructor aunque sí autorizó las entradas y registros. Además, el Ministerio Público solicitó su ingreso en prisión pero el magistrado se opuso y le dejó en libertad.

A raiz de aquel acontecimiento, el distanciamiento entre el instructor y la Fiscalía y Policía a la hora de entender el procedimiento ha sido patente. El juez archivó la investigación respecto del excomisario de Barajas Carlos Salamanca, en contra del criterio de la Fiscalía. Además, ha dado carpetazo a varias piezas abiertas a petición del Ministerio Público tras las pesquisas recopiladas por Asuntos Internos.

Concretamente, el instructor no ve delito en los clientes que contrataron a Villarejo para hacer informes sobre datos confidenciales y reservados de terceras personas por lo que cobraba altas cantidades de dinero. Para obtener esa información, Villarejo utilizaba a sus personas de dentro de la Policía además de la que él podía conseguir por su condición de comisario. Y ese dinero lo cobraba a través de sociedades suyas, en funcionamiento a pesar de ser funcionario público. Con este planteamiento, De Egea ha archivado varias piezas respecto de los clientes, como la Iron o la Land.









También han chocado cuando el instructor ha ordenado el levantamiento del secreto de sumario de toda la causa sin dar tiempo a la Policía a poder analizar la ingente cantidad de documentación hallada en los registros de Villarejo y sus socios. Todas estas decisiones del juez han sido recurridas ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tiene pendiente posicionarse al respecto.









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