Los presos independentistas ultiman medidas de protesta contra el TC

Más de un año después de su ingreso en prisión, Jordi Sànchez y Jordi Turull tienen previsto anunciar en las próximas horas que inician una huelga de hambre dentro de la prisión de Lledoners por la inacción del Tribunal Constitucional ante sus recursos, según fuentes cercanas a la defensa. No se descarta que otros presos se sumen a esta iniciativa.

A las puertas del juicio en el Tribunal Supremo y de un nuevo traslado a un centro penitenciario de Madrid para acudir a las sesiones, anoche Òmnium distribuyó la primera foto de los siete líderes independentistas en la cárcel de Lledoners. Tras un polémico vídeo ilegal grabado por un interno en la cárcel de Estremera, en la imagen tomada ayer mismo, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull y Raül Romeva posan para la cámara.









Con esta imagen, según Òmnium, los líderes independentistas ­pretenden trasladar un mensaje de “unidad y serenidad” y sostienen que la “represión, en forma de ­reclusión penitenciaria, no ha ­debilitado sus convicciones”. La fotografía ha sido posible gracias al Sistema d’Avaluació Motivacional (SAM), un programa de evaluación ­­con­tinua del día a día de los presos que certifica su integración y se ­emplea para el reparto de tareas dentro del centro penitenciario.

La actitud serena y sonriente contrasta con la determinación de algunos de ellos de dar un paso adelante e intentar darle más visibilidad a sus protestas por lo que consideran arbitrariedad de la justicia española. El líder de ERC se enfrenta a 25 años de prisión por un delito de rebelión, mientras que para Jordi Sànchez y Cuixart la petición de pena de la Fiscalía es de 17 años y 16 para Turull, Romeva, Forn y Rull. La expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, en las cárceles de Mas d’Enric y Puig de les Basses, se enfrentan a peticiones de 17 y 16 años.

Las diferencias políticas en el interior de la prisión se mantienen entre familias del independentismo a las que pertenecen, pero Òmnium, con su presidente Jordi Cuixart, fomentando la unidad en Lledoners, ha querido dar valor a la “mirada plural que hace que el día a día en la cárcel sea también un aprendizaje en la lucha por la libertad”. Por ello, sostiene la entidad, los presos “tienen el compromiso de respetar todas las opciones personales para reivindicar y denunciar la injusticia de este proceso judicial”.

No obstante, lo que aspiran a poner en el centro del debate público va más allá de las acusaciones de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado o la instrucción del juez Pablo Lla­rena. Según fuentes cercanas a los presos, la queja que pretenden poner en el centro del debate público Sànchez y Turull es el inmovilismo del Tribunal Constitucional ante sus recursos. El Alto Tribunal ha admitido en el último año más de una docena de peticiones de amparo de los presos del proceso, en su mayoría pendientes de resolución, lo que impide avanzar en la estrategia de recurrir a la justicia europea, donde las defensas confían contar con más receptividad a sus demandas.









De hecho, las defensas se aferran a que tribunales de Alemania, Bélgica y Escocia han sido sensibles en sus resoluciones rechazando los procesos de extradición de Carles Puigdemont y los exconsellers instalados en Bélgica, así como de Clara Ponsatí. En cualquier caso, dan por hecho que en la justicia europea el debate sobre la violencia en el proceso independentista catalán no estaría contaminado políticamente y el delito de rebelión caería por su propio peso.

Entre los recursos de amparo que el TC ha admitido a trámite y no ha resuelto hay peticiones de reconsideración de la prisión preventiva y contra los autos de procesamiento, pero también el rechazo del Supremo en abril a que Jordi Sànchez acudiera a su propia sesión de investidura como presidente en persona o mediante sistemas telemáticos. Sànchez también tiene pendiente de resolución el recurso contra la sanción disciplinaria que le impusieron en la cárcel de Soto del Real por la grabación de un mensaje telefónico para la campaña de Junts per Catalunya.

También están pendientes los recursos de los presos que conservan el escaño en el Parlament por la decisión del Supremo que les impide ejercer el cargo público tras la orden de procesamiento. En todos ellos, el TC acordó su admisión a trámite al concurrir “una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho constitucional sobre el que no hay doctrina en el tribunal”. Y pese a la situación de prisión preventiva, lo que no hay es sentencia.









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