Un juez ordena la retirada de lazos amarillos de todos los edificios municipales de Barcelona

El juzgado contencioso número seis de Barcelona ha emitido una sentencia en la que estima parcialmente un recurso presentado por una asociación contra la actuación del Ayuntamiento de Barcelona de colocar y mantener el lazo amarillo de su fachada. Como consecuencia, el juzgado ordena la “retirada inmediata y definitiva” de este símbolo pese a que ya no cuelga del edificio consistorial, así como de “otras dependencias municipales”.

La sentencia conocida este viernes también ordena la retirada de “cualquier otro símbolo partidista” de estos edificios dependientes del consistorio y declara que la actuación administrativa impugnada “ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad de los recurrentes”. Pero la sentencia no es firme y se establece un periodo de 15 días para interponer un recurso de apelación.






El lazo amarillo que colgaba del Ayuntamiento de Barcelona fue retirado el pasado 28 de septiembre a requerimiento de la JEC

El lazo amarillo que colgaba del Ayuntamiento de Barcelona fue retirado el pasado 28 de septiembre a requerimiento de la Junta Electoral Central al aceptar la reclamación de Societat Civil Catalana (SCC) en una denuncia, pero otra asociación, Abogados Catalanes por la Constitución, había interpuesto un recurso contencioso-administrativo el 29 de julio. En ese momento, España estaba en periodo no electoral, entre las elecciones municipales de mayo y las generales de noviembre.

En el auto, el magistrado Benjamín Górriz Gómez, defiende en primer lugar que es competente para juzgar el asunto y rechaza “sin paliativos” el criterio de la parte demandada, el Ayuntamiento, que estimaba que el caso era de naturaleza política y no administrativa y por tanto debía enjuiciarse en otro orden jurisdiccional.


“La ostentación de este símbolo partidista en edificios municipales choca frontal y manifiestamente con los principios de neutralidad institucional y objetividad a los que está sometida la Administración Pública”

Pero entrado en materia, la sentencia se remite al fallo del TSJC del 5 de julio de 2018, en la que el tribunal catalán concluye que la exhibición en el espacio públic» de cualquier elemento que “representa una opción política” es ilegal porque vulnera el principio de “objetividad” y de “neutralidad institucional”. Aquella sentencia desestimaba el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés después de que en 2016 un juzgado de Barcelona prohibiera la instalación de una estelada en la plaza Lluís Millet en 2014 a raíz de una denuncia precisamente de SCC.





Como en aquel fallo, el magistrado de Barcelona también entiende que “la actividad impugnada supone la privatización del espacio público, de uso común, mediante su ocupación permanente por un elemento que representa una opción partidista”. La sentencia recién conocida sostiene que el lazo amarillo es “un símbolo partidista, en el sentido de que se alinea con las pretensiones de un grupo de ciudadanos, con inevitable exclusión del resto”, de ahí la vulneración del principio de neutralidad institucional.


El fallo denuncia la “diferencia de trato entre grupos o categorías de personas, por razones ideológicas” en que cae el Ayuntamiento

Y concluye que “la ostentación de este símbolo partidista en edificios municipales choca frontal y manifiestamente con los principios de neutralidad institucional y objetividad a los que está sometida la Administración Pública”. En este sentido, el magistrado recuerda que la Administración “no es un poder soberano” sino que está “subalterna al servicio de la comunidad”.

En el fallo, el magistrado denuncia la “diferencia de trato entre grupos o categorías de personas, por razones ideológicas” en que cae el Ayuntamiento con una parte de los ciudadanos respecto al resto, una diferencia que no tiene cabida en la Constitución, según remarca.





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