Autorizadas durante una hora las manifestaciones de Vox hoy en Catalunya

El Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) siguió ayer la senda de tribunales de otras comunidades autónomas y autorizó las manifestaciones convocadas por Vox para hoy sábado en las cuatro provincias catalanas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el estado de alarma. La Sala de lo Contencioso-administrativo dio la razón a la formación de Santiago Abascal y tumbó la resolución del Ministerio del Interior que prohibía las movilizaciones.

El tribunal considera que la propuesta de Vox de llevar a cabo las manifestaciones en vehículos evita el riesgo de contagio. No obstante, la sala limita la convocatoria a una hora, entre 11.30 h y 12.30 h. Los magistrados sostienen que se debe hacer una “ponderación” entre el derecho de manifestación y el derecho a la integridad física y a la vida, que esta en juego por la pandemia de la Covid-19 y es la razón del decreto del estado de alarma.






El tribunal destaca que el veto a las protestas requiere una “finalidad legítima” y ”razones sólidas”

Para la Sala de lo Contencioso-administrativo catalán la decisión del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska de prohibir las manifestaciones “no puede considerarse proporcionada, aunque responda a un fin legítimo”. Según explican en su resolución, los jueces llegan a esta conclusión tras tener en cuenta que Barcelona se halla en estos momentos en una fase de desescalada situada entre el 0 y el 1 y su situación sanitaria. Además, el Gobierno va ya por la quinta prórroga del estado de alarma, a lo que se añade que “la pandemia ha remitido considerablemente”. “En el contexto que acabamos de describir no parece que sea de recibo prohibir una manifestación en vehículos cuando resulta que, ordinariamente, las personas pueden pasear por la ciudad durante franjas horarias generosas, sin límite numérico, bajo la única condición de hacerlo guardando las distancias y con mascarilla”, recoge la sentencia. Por eso, sostiene que nada hace indicar que las manifestaciones previstas para hoy sábado “puedan traducirse en perjuicios significativos para la vida o la salud de las personas; y admitir una prohibición basada en meras conjeturas supondría una quiebra clara del derecho fundamental de reunión y manifestación pacífica, amén de un peligroso precedente”. Los magistrados se basan en una resolución dictada por el Tribunal Constitucional el mes pasado por la que se rechazó el recurso de un sindicato gallego que pretendía manifestarse por el Primero de Mayo.

En ese momento, el tribunal de garantías rechazó la pretensión del sindicato para manifestarse porque la situación frente el coronavirus hace un mes era distinta a la actual. Sin embargo, la sala catalana extrae de esa resolución que la prohibición de una manifestación, con fundamento en la necesidad de proteger el derecho a la vida y el derecho a la salud de las personas, “debe basarse en razones sólidas a propósito de la existencia y proximidad de un riesgo cierto para tales derechos”. Por tanto, entiende que las “meras dudas” no justifican la prohibición de una manifestación.

Asimismo, concluye que, aunque el derecho de reunión y manifestación no es ilimitado (“ningún derecho lo es”), los actos de prohibición de su ejercicio “deben obedecer a una finalidad legítima y responder al criterio de proporcionalidad”. Además, el veto a una manifestación tampoco estará justificado “si resulta posible, como alternativa, imponer o prescribir medidas que permitan conjugar o armonizar el ejercicio del derecho de manifestación con la salvaguarda de los otros derechos que se suponen en riesgo”. En aquel momento, de permitir la manifestación convocada en Vigo se corría el riesgo de dividir la ciudad en dos, impidiendo el acceso a servicios esenciales como los hospitales, “todo ello, en un momento en el que la ciudad estaba experimentando en un grado no menor los azotes del coronavirus”. Pero, según el tribunal catalán, esta no es la misma circunstancia que se plantea con las manifestaciones convocadas por Vox. Por esa razón, critica la decisión del ministerio de justificar la prohibición alegando únicamente la situación de crisis sanitaria “y riesgos igualmente genéricos que podría comportar su celebración”, sin aportar más argumentos.





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