AXJ lamenta la muerte de Maricarmen
María del Carmen Abascal Martín, conocida como Maricarmen, falleció el miércoles 7 de octubre de 2026 a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, 14 días después de ser desahuciada el 23 de septiembre de la vivienda en la calle Alcalde Sainz de Baranda (distrito de Retiro) donde había vivido más de 70 años.
Había sido ingresada el mismo día del desahucio con un cuadro de agotamiento severo y estrés. Días después se alcanzó un acuerdo histórico con la propietaria (Urbagestión) —mediado por el Ayuntamiento de Madrid— que le habría permitido regresar con un alquiler limitado al 30 % de sus ingresos (unos 500 euros) por ocho años. La solución llegó demasiado tarde.
«Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen… Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante».
— Sindicato de Inquilinas de Madrid, familia y abogadaReacciones inmediatas (nacionales e internacionales)
«Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz».
Trasladó el pésame y pidió respeto, rechazando la «utilización interesada» del caso.
Ministros del Gobierno, PSOE, UGT, CCOO e Irene Montero, Gabriel Rufián, Mónica García y otros expresaron pesar. Algunos hablaron de «asesinato» o «crueldad del sistema».
CNN, Al Jazeera, The New York Times, LA Nación (Argentina), medios griegos y otros la presentaron como símbolo de la crisis global de la vivienda y de la especulación inmobiliaria.
Su desahucio (sacada en camilla tras 71 años en el piso de renta antigua) desencadenó acampadas masivas en la Puerta del Sol, protestas en más de 50 ciudades, la convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre y el adelanto de elecciones generales al 29 de noviembre.
Maricarmen se ha convertido en un símbolo internacional de la crisis de la vivienda. Su caso ilustra el choque entre contratos de renta antigua, fondos de inversión y el derecho a un hogar digno en un contexto de déficit estructural de vivienda asequible.